Javier Barbado. Madrid
La portavoz de Sanidad en la Cámara Baja de CiU considera que los españoles disponen de asistencia sanitaria de calidad tanto en su vertiente pública como privada, e insiste en su carácter complementario e incluso reclama, en nombre de su partido político, la desgravación fiscal para los usuarios de la sanidad privada, sabedora de la descarga de presión económica que su contribución supone para el Sistema Nacional de Salud. Además, Concepciò Tarruella ha defendido el modelo de concertación sanitaria vigente en Cataluña desde la asunción de competencias por la Generalitat en esta materia en el año 1978. Y considera, asimismo, que las prestaciones de Muface deben continuar porque también responden a una fórmula que ha probado su éxito en España.

La sanidad privada constituye el 30 por ciento de la asistencia en España y, desde luego, descarga de presión al Sistema Nacional de Salud desde un punto de vista económico. ¿Cuál es su opinión general sobre este sector?

Yo creo que la sanidad privada tiene su papel, su parte, como lo avala ese 30 por ciento de población que recibe asistencia sanitaria en España. Creo que toda esta parte de población que va a la sanidad privada no utiliza los recursos de la sanidad pública, con lo cual hace que no aumenten más las listas de espera, que no hay aún más masificación… Así que la valoración es positiva. Además, tenemos una buena sanidad privada como tenemos una buena sanidad pública, y yo creo que son dos sistemas que se complementan.

Lo que pedimos desde nuestro grupo desde siempre –y lo hemos reivindicado durante muchos años y, cada vez que tenemos ocasión, lo recordamos– es que la gente que puede ir a la sanidad privada debería beneficiarse de una desgravación fiscal. Creemos que deberían poder desagravar una parte de estos costes privados porque repercute, al fin y al cabo, en gente que podría hacer uso de ese servicio y, de ese modo, se lograría desmasificar el uso de la sanidad pública, de manera que se conseguiría un beneficio en los dos sentidos.

¿Su partido respalda, pues, la desgravación fiscal por hacer uso de la sanidad privada?

Sí, si: lo hemos pedido desde nuestro partido político. Ya existía antes; se eliminó esa desgravación fiscal y nuestro partido siempre la ha reclamado, y continuamente estamos defendiendo y reclamando que debería haber alguna ventaja fiscal, desgravaciones fiscales para la gente por las cuotas de las mutuas sanitarias y por la utilización de la sanidad privada

¿Cómo ve la sanidad privada en España respecto a su implantación y funcionamiento en comparación con otros países?

Hacer comparaciones con los países europeos es difícil a veces, porque los sistemas no son iguales, no hay ninguno exactamente igual, así que, si no hay ninguno en igualdad de condiciones, no puedes hacer equiparaciones exactas. Pero yo defiendo la sanidad que existe en España, tanto la pública como la privada, y yo creo que son complementarias en muchos casos, y yo creo que tenemos una buena sanidad pública y una muy buena red también privada.

Las prestaciones sanitarias de las mutualidades de funcionarios también son importantes para la economía del sistema sanitario público. ¿Cree que el Gobierno debería transmitir con más rotundidad su intención de que perdure Muface?

Yo creo que el modelo Muface se ha de preservar, ha de continuar y el Gobierno tiene que dar tranquilidad y seguridad para decir si el modelo continua o no. Yo creo que, por parte del Gobierno, se hizo un poco de intento de ver qué pasaba y creo que, en estos momentos, no está por la eliminación de Muface, pero no estaría de más que se tranquilizara a todo este sector y lo dijera claramente. Nuestro grupo político defiende, en este caso, la continuidad de Muface. Creemos que cumple un papel importante, que puede tener futuro y que debe continuar.

Acaba de aprobarse la directiva comunitaria sobre sanidad transfronteriza: ¿cree que es una oportunidad para el sector sanitario privado?

Creo que es una oportunidad para las dos ramas. Creo que la directiva comunitaria sobre sanidad transfronteriza puede ser una oportunidad para la pública y para la privada. Si nos atenemos a lo que dice la directiva, en este caso nos da más transparencia: si la gente utiliza la sanidad de otro país, si es la pública pide después que se le cotice lo que corresponde a partir del permiso del país en el que recibe la asistencia. Y además, los precios que se le apliquen deben ser de menor coste que la prestación que se le dé. Yo creo que aquí puede haber una oportunidad para la privada.

Según como se utilice y si se sabe, en fin, utilizar bien, lo veo como una oportunidad para la sanidad privada, pero también para la pública: ciudadanos de un país que, por lo que sea, no pueden recibir respuesta aquí, pueden ser atendidos en otro país a cargo de la sanidad pública siempre que sea autorizado para ello. Voy a poner un ejemplo que quizás resulte más claro: nosotros estamos pidiendo a veces centros de referencia en algunas cosas como enfermedades raras, que son tan minoritarias y que padecen pocos enfermos, yo misma lo he defendido aquí en el Congreso, o las unidades de referencia, que no tienen por qué ser solamente españolas.

Podría haber centros o unidades que sean comunitarios, es decir, ubicada en cualquier país comunitario en el que sean más expertos en la investigación y tratamiento de un determinado caso… que sirvan de centro de referencia, lo que quiere decir que siempre se tengan que desplazar los enfermos (quizás alguna vez sí), sino que sirva simplemente de referente. De estos centros podrían beneficiarse como centros de referencia no solamente la sanidad pública, sino que también pueden servir de guía para la sanidad privada en cuanto a investigación y a utilización de recursos.

Pero el hecho de que la gente se pueda desplazar de un país a otro conforme a las directrices que dice la directiva comunitaria, yo creo que, bien utilizadas, las oportunidades están a partes iguales. No creo que discrimine a la privada en este caso.

¿Qué papel creen que desempeñan las aseguradoras de salud?

Voy a poner un ejemplo en Cataluña. El modelo catalán de sanidad es un modelo de conciertos; se utilizan muchos conciertos y la red asistencial de muchas clínicas está concertada con mutualidades sanitarias. Creo que se hace una buena gestión, que se lleva bien, y que tienen un papel importante y positivo. Nosotros, en Cataluña, cuando hablamos del modelo de la red pública catalana, nos referimos a un modelo histórico que ha funcionado durante muchos años y que funciona bien, aunque siempre hay ajustes que pueden hacerse, como sucede en cualquier parte. Creemos que es un muy buen modelo. El sistema de conciertos se hace desde el Servicio Catalán de la Salud, y se concierta en centros propios públicos, como el Instituto Catalán de la Salud, y con centros privados, si es necesario, para dar servicios a la gente. Creo que a los ciudadanos les interesa que les atiendan rápido y bien y con calidad. No creo que le importe tanto al ciudadano que el titular del centro lo lleve una mutua sanitaria, sea un centro de titularidad pública o sea un centro totalmente privado mientras se le atienda de la forma en que ellos necesitan y que ellos requieren.

¿Cuál es la postura de CiU respecto a la propuesta legislativa de Gaspar Llamazares llamada “ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS”?

Sí: en 2009 se debatió la toma en consideración de esta propuesta, y yo tengo que asumir mi error en la votación de esa toma en consideración. No me sabe mal que, en aquella votación y en aquel momento, nos abstuvimos. Nuestro voto hubiera tenido que ser contrario a la votación de este sistema, y nuestra posición es contraria a lo que dice de la modificación de calidades de gestiones el señor Llamazares en ese momento. Asumo el fallo, a la hora de la votación, como portavoz de nuestros diputados, porque e voto tuvo que ser negativo y fue una abstención. De todas maneras hubiera pasado lo mismo, porque nuestros votos no eran definitivos en ese punto y contó con el respaldo suficiente para que prosperara la toma en consideración.

Dicho esto, y asumiendo que nosotros no estamos de acuerdo con esa modificación de los sistemas de gestión, nuestra postura está clara y es contraria a lo que dice. Nosotros creemos en el sistema existente, por ejemplo, en el modelo catalán, donde no solo hay conciertos con entidades públicas (que es lo que sugiere la propuesta de Llamazares), sino también con entidades de titularidad privada, con mutuas sanitarias… Lo importante es que la gente esté bien asistida y que se den los recursos. Si un paciente necesita ser operado de algo y, en ese momento, la sanidad o su hospital de referencia público le hace esperar demasiado y, para ser atendido en las condiciones que necesite, se le ha de derivar a un centro gestionado por una mutua o de forma totalmente privada, lo que ha de priorizarse es que ese paciente sea bien atendido. Al paciente no le importa quién le atiende si se trata de buenos profesionales, así que cambiar estos modelos de gestiones no nos parece que sea positivo ni necesario.

Cataluña ha llevado a cabo una clara política de contención de gastos en el Servicio Catalán de la Salud. ¿Cree que son necesarias nuevas fórmulas de gestión para contrarrestar el déficit público?

[En Cataluña] no se trata de cambiar la fórmula de gestión. El modelo catalán hace muchos años que la está empleando; es más, otras comunidades autónomas se han inspirado en el modelo de gestión que teníamos en Cataluña, aunque no lo han hecho exactamente igual. En realidad, las peculiaridades del modelo ya existían en Cataluña, desde hace muchos años, cuando se creó la red hospitalaria de utilización pública (todos los servicios concertados por el Servicio Catalán de la Salud).

Así que el modelo no cambia, aunque es cierto que estamos en unos momentos muy difíciles. Quizás hemos gastado durante unos años más de lo prudente –o muchísimo más de lo necesario–, desdoblando algunos servicios… De modo que éste es el papel que ahora debe llevarse a cabo desde Cataluña: un reajuste del coste, lo que no quiere decir en absoluto que vaya con ello a disminuirse la calidad del servicio, ni que la gente vaya a dejar de estar bien igualmente bien atendida. Lo que sucede es que, si había muchos cargos o muchas personas mandando, quizás ahora no tiene que haber tantos cargos directivos y tiene que haber más en la base: llegar a ese equilibrio. Si, por ejemplo en Cataluña, había muchos delegados territoriales en temas de sanidad, o muchas estructuras del ICS [Instituto Catalán de la Salud], y se puede seguir haciendo bien con menos, y esas personas se pueden recolocar en sitios mejores y con esto se ahorran dinero… Esto es lo que se está estudiando e intentando hacer y, además, se va a hacer contando con los profesionales.

Ésta es la intención que anunció el consejero y, por lo que yo he visto y he observado, es la intención del Gobierno de Cataluña en estos momentos, es decir, ajustar un poco más los gastos. Quizás no hace falta construir más hospitales de los que ya están en marcha o ya están a punto de acabarse, pero sí enlentecer un poquito más las obras o, a lo mejor, centrarse más en unos y aplazar otros, siempre que no vaya en detrimento de la calidad del servicio de la buena sanidad catalana que, además, ha sido muchas veces premiada y que también tiene su reconocimiento y la gente lo sabe.

Así que no cambia el modelo de gestión. En Cataluña siempre hemos tenido este tipo de convenios. Partimos de muchos menos hospitales públicos que en el resto de España. Estaba la tradición de las mutuas sanitarias, profesionales, que tenían ya sus clínicas y en las que la gente estaba ya acostumbrada a pagarlas. A partir de ahí, en lugar de hacer muchos hospitales, se optó por hacer convenios con los servicios que ya funcionaban. Lo que sí se controla es la calidad del servicio, que el paciente esté bien atendido, que las listas de espera se contengan y se aceleren en lo posible… Éste es el sistema con el que se va a continuar, porque es el que ha funcionado en Cataluña. En 30 años de democracia no se ha cambiado, pese a los cambios de Gobierno. Quizás, como he dicho, se ha fallado en que, en estos años, se han querido hacer más cosas de las que en realidad se podía. Eso es lo que se está tratando, en fin, de contener: que no haya gasto superfluo y que se haga un reajuste, porque, en Cataluña, arrastramos un déficit histórico que no se ha reconocido como en otras comunidades… Esperamos ahora que esto se vaya equiparando, pero lo primero que hay que hacer es reajustar los costes y equilibrar los gastos. El modelo en Cataluña no se cambia, ha existido desde siempre y ha funcionado bien.